UNIVERSIDAD PÚBLICA GRATUITA, OBLIGACIÓN DEL ESTADO

Jorge Alva Hurtado PhD.   

El Estado debe ofrecer universidad gratuita y de calidad a todos los peruanos con vocación, capacidad y disciplina, porque la universidad pública es fundamental para el desarrollo sostenible al que aporta profesionales y académicos con capacidad de liderazgo y conocimientos avanzados. De ella surgen los especialistas capaces de afrontar desafíos propios de nuestra sociedad y también los nuevos conocimientos producto de la investigación que aportan soluciones necesarias.

Por su naturaleza, la universidad gratuita es meritocrática, fuera de esta restricción académica, debe estar abierta a todos; no es una “universidad para pobres”, en ella han de encontrarse todos los estratos económicos y sectores sociales en su inmensa diversidad.

Además de universidades públicas son pertinentes universidades privadas, pero este es un servicio adicional, que libremente toman quienes tienen recursos suficientes; lo cual implica que tales personas harán un doble gasto, los impuestos para la universidad pública y por añadidura el costo particular de la universidad privada.

Desde esta concepción, hemos planteado al Estado que rectifique la privatización de la universidad promovida por el Decreto Supremo 882 de 1996.

En los años del gobierno dictatorial del señor Alberto Fujimori se iniciaron las políticas de privatización de la jubilación, la salud y la educación. Se dijo entonces que la privatización eliminaría la corrupción y nos garantizaría buena vida a todos los peruanos. Pero, la experiencia enseña en diferentes países del mundo, que ninguna entidad privada, dada su naturaleza particular que sirve necesariamente a los intereses de sus propietarios, puede ofrecer servicios en condiciones equitativas que abarquen a la totalidad de los habitantes de un país.

En el caso del Perú, la privatización universitaria ha terminado en una dramática reducción porcentual del servicio ofrecido por el Estado, que antes era ampliamente mayoritario y ahora cubre menos de la cuarta parte de la demanda (24.5% el 2017, según datos del INEI). El financiamiento público para sus universidades, vía recursos ordinarios del presupuesto fiscal, es decir, sin considerar ingresos circunstanciales, caso del canon y de los recursos directamente recaudados, apenas alcanza el 0.4% del PBI cuando no debería ser menos del 1% (en realidad se ha reducido, el año 2000 el Presupuesto Inicial de Apertura fue el 0.41% y el 2019 fue el 0.37%)

En el caso de la Universidad Nacional de Ingeniería prácticamente la mitad del presupuesto se cubre con recursos directamente recaudados, lo cual redunda en una indebida presión del Estado para que obtengamos ingresos propios cobrando a los postulantes y a los estudiantes de postgrado, así como por otros servicios. A escala de todo el país esta presión promueve que se acepte a estudiantes de postgrado sin el nivel de exigencia que se pone en el pregrado o que se aumenten las tasas para postulantes y otros clientes de la universidad; cuando lo razonable sería que el presupuesto ordinario cubra en lo fundamental los gastos y que, en todo caso, los ingresos propios se orienten a financiar prioridades.

En el UNI-EJECUTIVO, del 08 y 09 de agosto del año pasado, donde el Presidente de la República se reunió con los rectores y presidentes de Comisión Organizadora de las universidades públicas, escuchamos la conferencia del Dr. Peter-André Alt, Presidente de la Conferencia de Rectores de Alemania.

Informó el Dr. Alt que, en Alemania, potente economía de mercado y sólida democracia, el 93 por ciento de los alumnos universitarios estudia en universidades públicas que son gratuitas incluso en los posgrados científicos y tecnológicos de la más alta calidad, porque la enseñanza se basa en la investigación, conforme a la concepción planteada hace doscientos años por Wilhelm Von Humboldt.

En Alemania el Estado no regala nada. Los servicios públicos gratuitos universales no producen déficit fiscal porque se pagan con los impuestos que cumplen de esta manera la finalidad de disminuir la desigualdad. En diversos países europeos la desigualdad disminuye significativamente después del impacto redistributivo de los impuestos.

Esto es fundamental, en América Latina tenemos muchos ejemplos de políticos demagogos que en las campañas electorales prometen servicios públicos sin especificar de donde saldrá el dinero para pagarlos o, lo que es inevitable consecuencia, que mandan a imprimir billetes o gastan ingresos ocasionales en dichos servicios con el resultado de que se produce una terrible crisis económica que aparentemente justifica la privatización.

Para evitar la privatización postcrisis, como la que ocurrió en nuestro país después de la inflación y la hiperinflación de los años 80s, es necesario pagar los servicios públicos exclusivamente con impuestos permanentes de manera que sean sostenibles.

En resumen, es responsabilidad del Estado que todos los peruanos, hijos de ricos o de pobres, tengan una similar oportunidad de graduarse y post graduarse en la universidad con excelencia académica sin pagar por ello más allá de los impuestos.

*Preparado en base al discurso de fin de mandato en la presidencia de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú-ANUPP del 23 de enero del 2020.